Cualquier análisis del reciente papel socio-político desempeñado por las víctimas del terrorismo no puede obviar que uno de los elementos que más ha contribuido a que la violencia terrorista se haya perpetuado en Euskadi y en España a lo largo de medio siglo ha sido el hecho de que, durante este tiempo, una parte importante de la sociedad vasca ha interiorizado que el recurso al asesinato, al chantaje, a la amenaza o la extorsión, es algo que, aunque reprobable, “puede ser comprensible” dada la existencia de un presunto y falsario “conflicto político” que, al parecer, no puede ser solucionado por vías exclusivamente democráticas.
Perversas razones de interés nacionalista, falsos progresismos postmodernos que alimentan la falsa creencia de que todas las ideas pueden ser dichas sin asumir las consecuencias de las mismas (incluso las que exigían más tiros en la nuca) y una vergonzosa dejación de las instituciones en su responsabilidad de hacer cumplir la legalidad, han alimentado esta atrocidad y han posibilitado la obscenidad suprema de que el punto de vista que haya primado en Euskadi a la hora de analizar la realidad política de nuestro entorno fuera el de los verdugos, y nunca el de sus víctimas.
Esta situación éticamente indecente, mantenida en el tiempo, alimentada con entusiasmo y multiplicada exponencialmente por el desinterés de algunos y el desistimiento de muchos, provocó durante muchos años la marginación radical y el abandono más absoluto de las víctimas del terrorismo, pero, además, recreó un universo trémulo donde la defensa y la protección de los derechos básicos de las personas se consideraba como algo simplemente anecdótico que podía someterse a intereses más espurios como la presunta construcción de una nación fantasmal. Frente a esta mirada orweliana de los verdugos, que fue la que llegó a su grado máximo de expansión con la firma en 1998 del Pacto de Estella entre los nacionalistas vascos y los terroristas vascos, las víctimas, con el convencimiento de que será imposible alcanzar la paz sobre el olvido de lo padecido, sobre la injusticia y la impunidad, se han convertido en el principal antídoto para vencer el cáncer moral que el terrorismo ha extendido a lo largo y ancho de la sociedad vasca.
Esta ejemplaridad de la voz y del testimonio de las víctimas, se asienta sobre varias razones.
En primer lugar, porque las propias víctimas, en condiciones profundamente dramáticas, han sido siempre una muestra modélica de respeto al sistema democrático, de lucha por la justicia, de renuncia a la venganza, de repulsa a cualquier método violento para terminar con ETA y de trabajo firme por mantener la verdad de lo sucedido, a pesar de los muchos intentos que en Euskadi se han hecho por manipular tanto las historias particulares de las más de ochocientas personas asesinadas por ETA como la propia historia colectiva de todos los vascos.
Por otro lado, los familiares de las víctimas del terrorismo conocen mejor que nadie toda la atrocidad, el dolor, el drama y las consecuencias fatales que se derivan de cada atentado criminal. Las muy diversas, ocultas y trágicas historias de estos hombres y mujeres recogen detalladamente toda la infamia que se ha vertido en el País Vasco y, por ello, las víctimas poseen una autoridad crucial para desmontar despropósitos ideológicos que, aún hoy, tratan de buscar coartadas y dotar de significado a las acciones terroristas más crueles y sanguinarias.
A pesar de que, en algunas muy escasas ocasiones, las personas que han sufrido directamente o en la figura de algunos de sus allegados el ataque de los violentos reniegan del papel protagonista que les corresponde, la mayor parte de éstas entiende que son las únicas que pueden liderar el proceso que lleve a la sociedad vasca a observar su virulenta y triste historia reciente desde el punto de vista de quien la ha sufrido y no de quien la ha modelado, desde la mirada del asesinado y no del que victimario, y desde el prisma de quienes, en muchos casos, han dado lo mejor de sí mismos para defender la libertad de todos. Natividad Rodríguez, viuda de Fernando Buesa, máximo responsable del Partido Socialista de Euskadi en Álava cuando fue asesinado por ETA el 22 de febrero de 2000, ha explicado muy sucintamente cuál debe ser, en su opinión, el papel público de las víctimas terrorismo. “Nadie puede entender la política vasca de los últimos años sin la existencia de una sociedad profundamente atemorizada por la actividad asesina de ETA y, por ello, las víctimas han de tener un lugar central en el debate político. (...) Cualquier proyecto de convivencia, para ser moral, deberá respetar la memoria de las víctimas; para ser legítimo, deberá plantearse en condiciones de igualdad y libertad de todos los participantes; y para ser legal, deberá cumplir las reglas de juego preestablecidas, que en democracia se plasman en las normas legítimamente aprobadas”.
En Estados Unidos, donde hasta el 11 de septiembre de 2001 prácticamente no se tenía ninguna experiencia de la tragedia que siempre acompaña a cualquier atentado, independientemente de la magnitud de éste, se comprendió rápidamente que el pilar básico desde el que una colectividad debe apoyar su reconstrucción tras sufrir una acometida terrorista es, en cualquier circunstancia, el de las víctimas de la barbarie. No se trata solamente de que detrás de los nombres y apellidos de cada una de las personas diezmadas por el horror fanático se encuentre una vida rebosante de ilusiones, de retos, de sueños y de esperanzas como las de tantos seres humanos que todos los días salen a la calle en múltiples lugares del globo tratando de llevar una existencia digna y en paz. Lo más importante que hay que tener en cuenta es que cada víctima de un ataque terrorista es un proyecto de futuro cercenado, es una familia a la que se le ha roto el porvenir y es, en la presencia de los heridos, o en la ausencia de los fallecidos, una cicatriz en el rostro de una sociedad que tras la llaga del horror ya nunca vuelve a ser como antes.
Reconocer, ayudar y proteger a las víctimas de la barbarie es, en este sentido, un acto de humanidad, pero es también una iniciativa que contribuye a la cohesión ética de la ciudadanía, que polariza las fuerzas contra el terror y que, desde un primer momento, deslegitima radicalmente cualquier intento de comprender, argumentar o justificar la acción asesina llevada a cabo por los criminales. En el rostro de cada una de las víctimas de un atentado terrorista, en el sufrimiento de los lacerados y en el desconsuelo de los familiares, se encierra el dolor de toda una sociedad dramáticamente lesionada que, en el fondo, siempre es el principal objetivo de una acto criminal de estas características. El terrorista, asesinando a personalidades relevantes o destruyendo la vida de cientos de ciudadanos anónimos, busca conmocionar a la totalidad de la ciudadanía a través del chantaje de las armas, mediante la presión de la amenaza siempre presente, a través del miedo permanentemente exhibido y utilizando el horror como eficaz instrumento de ruptura de lo que los criminales más odian: la libertad de cada persona, y la potestad de ésta para hacer uso de este derecho elemental de un modo ajeno a cualquier dictado político o religioso. Tal y como ha explicado
Ignacio José Subijana Zunzunegui, presidente de la Audiencia de Gipuzkoa, “la macrovictimación terrorista tiene un plano ontológico y otro axiológico. En el plano ontológico se encuentra el dolor por el asesinato, el secuestro, la amenaza, la coacción. En el plano axiológico reside la significación del asesinato, el secuestro, la amenaza y la coacción; es decir, el relato. Reyes Mate, haciendo suyas las reflexiones de Benjamin, refiere que todo crimen mortal tiene dos muertes: la muerte física, centrada en la aniquilación biológica de una o varias personas, y la muerte hermenéutica, ceñida a la estrategia dialéctica elaborada para hacer invisibles a las víctimas”. (1)
El relato
La comprensión de que la memoria de las personas asesinadas es el principal bien a resguardar tras la acción terrorista, la asunción de que los familiares de las víctimas deben ser considerados como el centro de cualquier iniciativa política-social que se impulse después de cometido el acto violento y el convencimiento de que la respuesta al terror de masas debe asentarse siempre sobre la eficacia policial, la firmeza judicial y el reconocimiento público, repetido y socialmente masivo a las víctimas, son exigencias colectivas que en España en general, y en el País Vasco en particular, se encuentran permanentemente cuestionadas. Con el agravante, además, de que cuando finalmente estos fundamentos básicos comienzan a ser interiorizados, su importancia radical trata de minimizarse y difuminarse, especialmente desde los ámbitos nacionalistas, independentistas y presuntamente progresistas, con argumentos tramposos que abogan por convertir a todos los hombres y mujeres de esta tierra en damnificados de diferentes afrentas que se anulan unas con otras, y que tienen un único objetivo éticamente demoledor para quienes confiamos en el sistema democrático de convivencia: implantar artificiosamente la idea de que “es necesario pasar página” y “ceder desde todas las partes” para alcanzar una “reconciliación” en la que no haya “ni vencedores ni vencidos”.
El primer paso hacia la impunidad de los crímenes terroristas es, de hecho, esta estrategia que trata de mezclar en un patético “totum revolutum” a las víctimas del terrorismo, de los “excesos policiales”, de los malos tratos, de torturas, de agresiones injustas e, incluso, de la dictadura franquista y de la batalla de Machichaco que tuvo lugar durante la Guerra Civil española, con la pretensión, tan sibilina como vergonzosa, de fomentar la mentira suprema de que la actividad asesina de ETA solamente es una cara más de un conjunto variado de violencias ejercidas desde el Estado democrático español o desde personas, entidades u organizaciones ligadas a éste. Pero frente a quienes apelan a no volver la vista hacia atrás y a camuflar lo sucedido para no despertar las iras de quienes todavía amenazan con volver a asesinar, el recuerdo constante y permanente de lo padecido ha de erigirse como el núcleo central de cualquier proyecto conjunto de sociedad que pretenda superar varias décadas de terror. A pesar de las interpretaciones perversas que se hacen al respecto, la memoria histórica de lo reciente no es algo que impida cerrar las viejas heridas. Más bien al contrario, el relato de las víctimas es la única herramienta de que dispone una sociedad para interiorizar sus desmanes, para vertebrar nuevos caminos de futuro que se alejen de la atrocidad y, sobre todo, para cerrar con un mínimo de solidez heridas colectivas que jamás debieron haberse provocado. Un hipotético perdón del daño causado, que hay que recordar que es algo que no puede exigirse desde un punto de vista político o jurídico, solamente pueden tener sentido sobre el recordar fiel de lo que ha acaecido y sobre una perspectiva a largo plazo que presente visos ciertos de que el horror no va a volver a reproducirse.
Nada podrá reconstruirse desde un punto de vista ético si, interesadamente y para acercar a los terroristas los beneficios de la impunidad, se intenta correr un tupido velo sobre la infamia y la iniquidad y se pretende disipar el perfil testimonial y relator claramente definido de las víctimas del terrorismo, al mismo tiempo que se refuerza el protagonismo reivindicativo de los antiguos etarras que ahora dicen no querer matar. Volviendo al ejemplo norteamericano, ¿se imagina alguien que pudiera ser posible que el gran Memorial que se levanta en el nuevo World Trade Center homenajeara, además de a los hombres y mujeres asesinados en las Torres Gemelas, a, por ejemplo, todos los damnificados por el racismo en la reciente historia de la ciudad norteamericana, a los afectados por los abusos policiales a lo largo de las últimas décadas, a los neoyorquinos perjudicados por las prácticas mafiosas en los años veinte del pasado siglo o, en el colmo de la estulticia, a todos los miembros de Al Qaeda autoinmolados en atentados suicidas en cualquier lugar del mundo? Citando nuevamente a Ignacio José Subijana Zunzunegui, “es preciso garantizar a las víctimas un pronunciamiento expreso sobre el injusto culpable del autor. De esta forma se cumplirían las exigencias mínimas de justicia en la medida que se obtendrían tres efectos: una declaración pública de reproche por el injusto causado, afirmando que el daño no viene motivado por el azar o por culpa de terceros o de la propia víctima, sino única y exclusivamente por un comportamiento antijurídico del victimario; una consignación expresa de las personas que han sufrido la victimación, lo que permite su constitución efectiva como víctimas así como su indeclinable individualización; un pronunciamiento explícito de que el daño causado fue injusto y que, consecuentemente, las víctimas tienen derecho a ser reparadas por el victimario”. (2)
Los crímenes de ETA, junto con las coacciones, las amenazas, los chantajes y las afrentas que durante cincuenta años se han llevado a cabo impulsadas desde el “brazo político” de la organización criminal, poseen, y éste es uno de los objetivos fundamentales de cualquier banda terrorista, una dimensión pública totalitaria que trata de imponer, a través del miedo, la intimidación y la coacción, unos determinados objetivos políticos, así como busca convertir la historia en una quimera para alumbrar un presente irreal en el que todos sus desmanes puedan ser justificados y comprendidos. Por este motivo, la derrota del terrorismo exige que el daño producido y el dolor provocado tengan una privilegiada y ejemplarizante dimensión pública que ha de ser protagonizada, aunque no exclusivamente, por las víctimas del terrorismo.
Las personas directamente damnificadas por la violencia terrorista, así como los familiares del casi de millar de personas asesinadas por la banda terrorista ETA, han de ser, sobre todo, la punta de lanza de un movimiento colectivo que arrastre a los poderes públicos, a las instituciones democráticas, a los agentes sociales y a la mayor parte de los ciudadanos, a estar vigilantes contra la tentación del olvido y contra la incitación cómoda y eficaz, y tantas veces vista a lo largo de la historia, a “pasar página” o a “no mirar hacia atrás” para no incitar a los viejos fantasmas.
Las víctimas vascas del terrorismo, en su esencial y casi obligado deber de testimonio público, se responsabilizan de denunciar persistente e incansablemente la demostrada y absoluta incapacidad de la banda terrorista ETA para asumir el sufrimiento infligido a la sociedad vasca en particular, y a la sociedad española en general. Pero, además, las víctimas del terrorismo han de convertirse en el principal ariete contra una tendencia tan obscena como cada vez más extendida que consiste en banalizar el horror provocado por la banda terrorista ETA a lo largo de su casi medio siglo de existencia y que tiende a entender la actividad criminal de esta organización totalitaria como algo nimio, como una pequeña, “comprensible” y molesta excrecencia de la dictadura.
En este punto, debemos ser conscientes de que la actual generación dominante en España, ideológicamente flácida, intelectualmente exangüe y doctrinalmente inconsistente, vive el tiempo histórico como simultaneidad y no como sucesividad, y se mantiene permanentemente en ebullición en una actualidad perpetua en la que no hay espacio para el distanciamiento reflexivo, para la comprensión del desarrollo causal de los acontecimientos o para extraer debidamente las pertinentes enseñanzas del pasado. Hay en la comunidad autónoma vasca y en el resto del país demasiados hombres y mujeres que habitualmente viven en una realidad anoréxica, mórbida, superficial y fragmentaria que, al perder todo tipo de conexión con el pretérito, y lo que es peor, al demostrar un absoluto desinterés por lo transcurrido en el pasado, han empequeñecido y relativizado la barbarie etarra: fundamentalmente, desdeñan los recuerdos colectivos existentes tras lustros de convivir con la violencia más impía y menosprecian el cúmulo de conocimiento aprendido a base de acopiar lágrimas de impotencia tras cada nuevo acto de barbarie. El relato constante y firme de las víctimas del terrorismo se convierte, de este modo, en el principal freno contra el concepto de “amnesia generacional” definido por el escritor y analista Alvin Toffler, que consiste, según explica el experto neoyorquino, en que “se está modificando el tiempo pasado y el tiempo futuro, vaciándolos de contenido, y no dejando tras de sí nada salvo el presente, un lugar peligroso y poco sólido. Porque a medida que se acelera la aceleración del cambio, el pasado y el futuro cada vez se acercan más entre sí y comprimen el presente en la nada. Que no es precisamente un lugar satisfactorio para pasar la vida” (3). Ni para la verdad ni la justicia, añadiríamos nosotros.
De hecho, esta absoluta, buscada e interesada desmemoria referencial, liderada por socialista y nacionalistas y perversamente aliada con un espíritu ideológico posmoderno, frívolo, desarmado, contemporizador y desinteresado de la defensa del sistema democrático y de la salvaguardia de los valores fundamentales de nuestro sistema de convivencia, es la que ha propiciado el actual panorama social maleable, insustancial y caótico que padecemos, en el que demasiadas agendas políticas se pliegan a las presiones de los terroristas, de los amigos de los terroristas, de los independentistas más ariscos, de la izquierda más huraña y de los sectores sociales más radicales y populistas, dando luz a una realidad hedionda y volteada en la que los delincuentes son tratados como los líderes del futuro, en la que los demócratas son expulsados al gueto misterioso de la derecha extrema y en la que, en el colmo de las vilezas, las víctimas del terrorismo son consideradas como peligrosos elementos de odio, intolerancia y crispación.
La tentación de la impunidad
Como hemos visto, el valor público del testimonio de las víctimas del terrorismo se construye sobre tres virtudes y responsabilidades que les son propias no de un modo exclusivo, pero sí preferencial: la lucha contra el olvido, la lucha contra cualquier forma de impunidad y la autoría del relato de lo padecido.
En este sentido, y en lo que hace referencia al trabajo contra la indemnidad de los crímenes, es preciso partir de una cuestión elemental: la historia de terror de ETA no tiene ninguna legitimación posible y, por lo tanto, debe ser condenada con rotundidad y sin ningún tipo de paliativos. Y esa condena, que debe darse siempre de forma pública y destacada, ha de ser requerida de un modo excepcionalmente exigente a todos aquellos que, con medio siglo de retraso, desean sumarse ahora, con sus propias condiciones y exigencias, al sistema democrático de convivencia.
La justicia es un derecho fundamental de cualquier ciudadano, y especialmente de las víctimas. Por este motivo, éstas han de convertir su tarea testimonial en un compromiso de atenta vigilancia para que desde ámbitos políticos o judiciales no se caiga en la tentación de utilizar parcial e interesadamente la política penitenciaria sobre los presos de ETA como una forma de otorgar a éstos determinadas medidas de condonación de la pena. En este sentido, jamás ha de considerarse la reinserción social como una finalidad absoluta y superior, propia de las penas de cárcel, sino que cualquier medida de gracia ha de encuadrarse con otras finalidades de la condena y con la exigencia de justicia prevista en la Constitución española.
Con respecto a este tema, nuestro muy querido y siempre recordado profesor Antonio Beristain expresaba muy claramente su opinión en 1994, en la Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología: “Considero un milagro que en el País Vasco y en España ninguna víctima del terrorismo se haya tomado la justicia por su mano. Desde julio de 1977, cuando fundé en Gipuzkoa la sección de Amnistía Internacional, sigo activo en sus campañas; también en las que proclaman y procuran la no impunidad de los asesinatos terroristas. Discrepo de quienes opinan que si ETA deja de matar, todos sus condenados deben salir de la cárcel. De las publicaciones de Amnistía Internacional se desprende que se opone al indulto de los presos de ETA cuando la organización terrorista deje de matar, ya que esa impunidad de los macrocrímenes va contra la base del Derecho, la Justicia y la dignidad de las personas.”. (4)
Pero además de la existencia de posibles prácticas que pudieran favorecer la impunidad de los centenares de miembros de ETA que permanecen encarcelados en prisiones de España y Francia, hay otro tipo de inmunidad sobre la que acertadamente ha alertado Carlos Fernández de Casadevante Romaní, catedrático de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales de la Universidad rey Juan Carlos, y que ahora, cuando la banda terrorista ETA ha anunciado un cese definitivo de la violencia, cobra una especial significación. “De los 858 atentados con víctimas mortales cometidos por ETA a lo largo de su existencia, 300 están todavía sin resolver policialmente. En esa cifra se incluye un centenar de atentados prescritos y 78 autores materiales que pudieron acogerse a la Ley de Amnistía de 1977. El resultado de todo ello es que el 55,71% de los asesinatos de ETA gozan hasta la fecha de una impunidad de facto.” “¿Cómo puede ser esto posible en un Estado que se dice de Derecho y cómo puede ser que ningún órgano del Estado se escandalice?, se pregunta el autor de “Nación sin ciudadanos: el dilema del Pais Vasco”, y añade: “¿Acaso el Estado considera saldadas sus deudas con las víctimas del terrorismo sobre la base de la reparación económica? De ser así, incurriría en un grave error porque la principal reivindicación de las víctimas del terrorismo -como de toda víctima- es que se haga realidad su derecho efectivo a la justicia. En efecto, los daños que la pasividad y la impunidad ocasionan a las víctimas del terrorismo como consecuencia de las prescripciones propiciadas por la inactividad o por el deficiente funcionamiento de los órganos del Estado, no se reparan con dinero. La única reparación real se deriva de la justicia. De una justicia efectiva. Sin ella, ni existe el Estado de Derecho ni la democracia es tal. Por mucho que a algunos se les llene la boca con tales conceptos.” (5)
En nuestra opinión, el cumplimento puntual de la pena de cárcel impuesta a un terrorista no ha de ser suficiente para garantizar la inmediata reinserción social del mismo. Un fanático no deja de serlo por cumplir una condena y una ideología totalitaria que ha impulsado a alguien a cometer los crímenes más horrendos no se disuelve por arte de magia en la oscuridad o en la amargura de una celda. Por este motivo, el proceso de vuelta a la normalidad de los varios centenares de etarras que permanecen en prisión ha de seguir una ruta manifiestamente definida que, además, debe ser lo suficientemente clara, visible y pública como para que pueda ser tutelada sin ambages por las víctimas del terror y como para que éstas se encuentren en condiciones de testimoniar su aceptación o no de la misma.
En primer lugar, el terrorista ha de buscar activamente su proceso de reinserción, demostrando que su apuesta por reintegrarse nuevamente a la sociedad democrática que una vez humilló y diezmó es radicalmente sincera y que no se trata únicamente de una estrategia para beneficiarse, una vez más, de la generosidad del Estado de Derecho. Consecuentemente, el victimario ha de pedir perdón y rechazar públicamente la violencia (y destacamos esta exigencia de notoriedad), pues el delito de terrorismo por el que se le juzgó y condenó también tuvo dramáticas repercusiones colectivas (macroterrorismo). Además, el delincuente ha de denunciar socialmente el carácter totalitario de la organización terrorista a la que un día perteneció y, para ello, resulta fundamental que la persona que desee reinsertarse colabore activamente con las autoridades, y dentro de sus posibilidades, ayude al esclarecimiento de los cientos de crímenes de la banda terrorista ETA que se encuentran pendientes de resolver.
Conclusión
Tras el cese definitivo de la violencia anunciado por la banda terrorista ETA el pasado 20 de octubre de 2011, existen muy preocupantes indicios, en la sociedad vasca, sobre todo, pero también en una parte importante del resto de la sociedad española, de que se está alentando un empeño tan claro como avieso por pasar página, por olvidar nuestra más reciente historia, por recibir con palmas a los asesinos descarriados que presuntamente regresan a la civilidad y por legitimar un nuevo escenario de convivencia en el que las permanentes reclamaciones de memoria, verdad, justicia y reparación lideradas por la gran mayoría de las víctimas del terrorismo se transmutan en peticiones vacuas y éticamente indecentes que hablan de perdonar a los asesinos, que apelan a “sumar esfuerzos” entre quienes matan y quienes mueren y que exigen “olvidar” a quienes más han padecido la lacra terrorista.
Ante esta situación, las víctimas del terrorismo, y aquí radica el gran valor público de su testimonio, de su relato y de su actividad, han de liderar la defensa de los valores supremos por los que sus familiares fueron asesinados que, sin lugar a dudas, constituyen los cimientos de nuestra democracia y nuestra única esperanza de civilidad. De hecho, son las propias víctimas, a través de organizaciones de las que forman parte, como el Foro contra la Impunidad en el País Vasco, las que han definido claramente su papel presente y futuro: “Nuestra tarea ha de consistir en recordar incansablemente que nuestro sistema de libertades se impone como moralmente superior a los planteamientos totalitarios e integristas de quienes presentan como único mérito el haber dejado, sospechosamente, de apoyar políticamente a los psicópatas que mataron a nuestros familiares. Que no se equivoquen quienes nos prometen ahora un futuro cimentado sobre excarcelaciones de criminales, sobre el obligado olvido de todo lo padecido hasta el momento, sobre una tabula rasa impuesta entre víctimas y verdugos o sobre un liderazgo compartido con quienes tantas veces han jaleado el asesinato de ciudadanos inocentes. Siempre nos tendrán enfrente. Porque las víctimas de ayer, que lo somos ya para siempre, no vamos a consentir de ningún modo que nuestros hijos vayan a ser mañana también víctimas de una paz tan falsa como moralmente indecente.” (6)
Bibliografía
(1) Subijana Zunzunegui, Ignacio José. “La justicia a las víctimas del terrorismo”. Eguzkilore. Cuaderno del Instituto Vasco de Criminología. Nº 23. Pag. 79-86.
(2) Idem.
(3) Toffler, Alvin. “Una generación en el poder sin memoria histórica”. Diario “El Mundo”. 4-XII-2003. Pags. 4-5
(4) García Zafra, Inés. Conversaciones con el Dr. Antonio Beristain.
http://criminet.ugr.es/recpc/06/recpc06-c1.pdf
(5) Fernández de Casadevante Romaní, Carlos. “España, espacio de impunidad.”
http://www.covite.org/covite_articulos.php?lang=es&idNoticia=625&idSeccion=3
(6) Foro contra la Impunidad en el País Vasco. “La vergüenza”. “El Diario Vasco”. 12-VI-2011
http://www.paisvasco-informacion.com/2012/06/ensayo-justicia-victimal-contra-las.html#more
